El asesinato de una mujer en manos del esposo o conviviente, y también de las parejas, tendrán penas que van de los 15 a los 40 años, es decir, presidio perpetuo. Las organizaciones de mujeres celebraron la medida, pero la consideraron insuficiente, sobre todo, en términos de protección y prevención del delito.

El Presidente Sebastián Piñera promulgó en La Moneda la ley que tipifica el delito de femicidio, aprobada en el Congreso luego de más de tres años de tramitación.

A partir de hoy, el femicidio queda estipulado en el Código Penal como el asesinato de una mujer en manos del esposo, del conviviente, y también del ex esposo y del ex conviviente, con penas que van de los 15 a los 40 años, es decir, presidio perpetuo.

Durante la ceremonia, el Jefe de Estado subrayó que el Sernam tiene que enfrentar con mayor actitud, recursos y atribuciones la violencia intrafamiliar.

Además, el Mandatario anunció que se entregará tratamiento a los agresores, medida que ha generado bastante polémica entre los expertos en el tema, y atención a las víctimas para apoyar a todos los integrantes de este círculo vicioso.

Soledad Rojas, coordinadora de la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual aseguró que es un avance que se considere esta nueva palabra en el Código Penal, pero advirtió que esta ley queda corta porque deja los asesinatos en relaciones como el pololeo y a las trabajadoras sexuales.

Soledad Rojas añadió que no basta con la ley sino que hay que combatir el problema con medidas prácticas.

“Es muy importante, en este momento que se está promulgando la ley, dar cuenta de la inoperancia del sistema en proteger a las mujeres, aquí faltan políticas de prevención y de  protección. Si tomamos cuenta que este año van 55 mujeres asesinadas, de las cuales 11 habían hecho denuncias, un 20 por ciento, y lo que es más grave aún, diez  tenían medidas cautelares, aproximadamente un 19 por ciento de mujeres para las que el sistema fue completamente ineficiente en proteger sus vidas”, indicó la experta.

La representante de la organización de mujeres cuestionó además que la rehabilitación de los agresores se realice con los mismos recursos y las mismas instalaciones destinados a proteger y atender a las víctimas de violencia.